Espanya cañí -249: Espanya ja està al nivell de Moldàvia i Kosova en la urgència d’acabar amb la corrupció
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España, Moldavia y Kosovo son los tres países de toda Europa y Asia Central que consideran la corrupción debe ser la prioridad inmediata a batir por sus respectivos gobiernos. Es una de las graves conclusiones que se extraen del Barómetro Global de la Corrupción 2016 realizado por Transparencia Internacional, en el que han participado 42 países de estas dos grandes regiones para el que se realizó una macroencuesta a 60.000 personas entre diciembre de 2015 y enero de 2016 y que sitúa a España al nivel de países con una corrupción sistémica, como desmuestra el estudio. En concreto, el 67% por ciento de los españoles, moldavos y kosovares preguntados afirman que la corrupción es uno de los grandes males en sus naciones. Y no sólo eso. Los ciudadanos de España, junto a Ucrania, Moldavia y Bosnia-Herzegovina, son los que peor califican el esfuerzo de sus ejecutivos por luchar contra esta lacra. El 80% de los encuestados en las fronteras de nuestro país opina muy negativamente acerca de esta cuestión.
En efecto, los resultados específicos del barómetro realizado por Transparencia Internacional en España revela otros datos muy preocupantes como que en el último año (2016) el 28% de los ciudadanos afirman que el nivel de corrupción ha aumentado mucho y el 37% que se ha mantenido constante. De hecho, de todos los encuestados un 42% considera que el Gobierno liderado por Mariano Rajoy en los últimos meses ha mantenido una muy mala actitud para luchar contra los casos de corrupción y un 38 por ciento valoran su actitud como “relativamente mala”. Es decir, la mitad de los españoles suspenden al Ejecutivo popular en esta materia.
La radiografía sobre la percepción de los ciudadanos sobre la lucha contra la corrupción presentada en el barómetro confirma la consolidación de la enorme desafección de los españoles, como también muestran otros estudios sociológicos como el CIS cada tres meses. Más de la mitad de los encuestados piensa que “algunos” miembros del Parlamento, concejales de Ayuntamientos y funcionarios públicos están envueltos en casos corruptos, poniendo de manifiesto que la desconfianza en la clase política sigue creciendo a pasos agigantados. Sin embargo, el barómetro de Transparencia Internacional confirma que apenas un 1% de los ciudadanos denuncian malas prácticas de este tipo al conocerlas, frente al 43 por ciento por ejemplo que lo hace en países vecinos como Italia. La mayor parte de los encuestados en España (un 35%) afirma que la falta de denuncia se debe al temor por represalias.
Aún así, la encuesta demuestra que el 48% de los preguntados están de acuerdo con que los ciudadanos pueden contribuir a cambiar la situación en la lucha contra la corrupción. El mismo porcentaje asegura que si fuera testigo de un acto de este tipo “me sentiría obligado a denunciarlo” y es más, el 46 por ciento estaría dispuesto a estar un día entero en un juzgado si fuese necesario para denunciar o declarar. Con todo, el 80 por ciento de los españoles encuestados considera que en nuestro país no se castiga a los corruptos. El 41 por cierto está de acuerdo con esta afirmación y el 37% “muy de acuerdo”.
Aunque en otros índices como el referido a sobornos, España registra un porcentaje muy bajo -sólo el 3 por ciento de los encuestados admite haber pagado uno por utilizar al menos uno de los ocho servicios públicos indicados en el estudio- la mala percepción de los españoles que encabeza el ránking se explica según los miembros del consejo de dirección de Transparencia Internacional de España en otras muchas variables como la corrupción en la clase política, el enchufismo y las redes clientelares, sobre las que los encuestados se manifiestan muy desfavorablemente. Por ejemplo, el 90% de los preguntados en el barómetro está convencido de que se dan tratos de favor en las administraciones. De la misma forma el 56% considera que las personas ricas usan su influencia para sus propios intereses y el 61% afirma que el apoyo financiero de las empresas a los partidos políticos debería suprimirse por completo.
El catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de TI-España, Jesús Lizcano, insistió durante la presentación del barómetro en "el importante problema que supone la corrupción para los ciudadanos y la desconfianza de la sociedad respecto a la clase política, sus gobernantes y sus representantes parlamentarios"; aunque eso sí, también hizo hincapié en que nunca antes en España se había puesto sobre la mesa un ambicioso paquete de medidas de lucha contra la corrupción y regeneración democrática como el que hay ahora coincidiendo con la llegada de nuevos partidos al Congreso.