"La nación puede esperar", Isabel Garcia Pagan
Una sola frase emplea el Gobierno vasco es sus publicaciones oficiales para definir la estructura política de Euskadi: "cuenta con hacienda propia". La explicación siguiente acaba por ser determinante: "dispone de capacidad normativa para regular sus impuestos y autonomía para gestionarlos y recaudarlos" y "se aporta a España por los servicios que el Ejecutivo central presta a Euskadi". Así es el País Vasco.
La confesión institucional no hace más que poner negro sobre blanco las claves de la distancia entre el nacionalismo catalán y el vasco. Tras el paso por las urnas, CiU y PNV gobernarán en Catalunya y Euskadi con relativa comodidad, pero los beneficios del concierto económico -no sólo por la disposición de la recaudación, sino por el margen de maniobra para regular los impuestos-, impiden cualquier frente común en autogobierno. Es cierto que hay un pacto entre Iñigo Urkullu y Artur Mas, sí, pero para evitar perjudicarse el uno al otro.
Exprimida en dos años la vía de los recortes y sin margen de maniobra financiera tras el rechazo al pacto fiscal, Mas se ha puesto al frente de una amplia demanda social de carácter soberanista. Nada más lejos del programa electoral con el que Urkullu ha encabezado el retorno del PNV al Eusko Jaurlaritza. La aspiración de mayor autogobierno no puede faltar en la hoja de ruta de un partido nacionalista y por eso su líder aboga por una "nación plena", aunque en los planes de la formación jetzale no es más que una referencia obligada. Urkullu se pone el 2015 como fecha de referencia para alcanzar un indefinido nuevo estatus político para Euskadi, pero ni el estallido independentista catalán, ni el acuerdo sobre el referéndum escocés han movido al futuro lehendakari de su naturaleza pragmática.
Euskadi se convertirá en una nueva fuente de problemas para Rajoy sólo cuando el PNV quiera. Y, escuchando a Urkullu, parece que queda mucho. Ahora, el objetivo es preservar esa excepción estatal que es el concierto económico -en Navarra permanecen agazapados, para evitar llamar la atención-, aún más, cuando la desaparición de la presión etarra podría convertir en aceptable cuestionar una excepción insolidaria con el resto del Estado.
23-X-12, Isabel Garcia Pagan, lavanguardia