Se han cumplido dos meses del inicio de la peor crisis de movilidad que se recuerda en Catalunya y que conllevó la inédita suspensión total del servicio de Rodalies. Tras estos 62 días, lamentablemente no podemos dar buenas noticias. Retrasos a porrillo, frecuencias al mínimo en muchas líneas, decenas de puntos negros sin resolver, fuga masiva de viajeros hacia buses y vehículos privados, además del incumplimiento del calendario previsto para recuperar la normalidad porque ahora ya no será en abril como se anunció, y se alarga al verano. Pero lo peor es la desinformación tanto al usuario como al ciudadano general por un apagón informativo impresentable y vergonzoso.

Este apagón se inició después de las dos manifestaciones de protesta del 7 de febrero. La Administración respiró aliviada cuando comprobó que se manifestó menos gente de la esperada. Desde entonces, se dejó de informar de las reuniones de crisis diarias y desconocemos si todavía se realizan. Además, el secretario de Estado que se instaló en Catalunya para seguir de cerca la crisis, hizo las maletas y se volvió a casa. Y allí sigue, porque el viaje entre Madrid y Barcelona en alta velocidad es un incordio debido a las limitaciones de velocidad, como sufren miles de viajeros cada día.

Tampoco sabemos cuántos de los 400 operarios de Adif traídos días después del cierre total de Rodalies siguen trabajando en Catalunya. Lo cierto es que ahora son menos, según fuentes internas que no quieren hablar en público. Amable y paciente usuario de Rodalies, nos están engañando.

Un ejemplo de esta vuelta a casa se vio la semana pasada cuando estos insignes cargos públicos realizaron, cómodamente en Madrid, la presentación de la nueva empresa de buses que Renfe pone en marcha para atender a los viajeros que constantemente se quedan tirados por las incidencias y que trabajará principalmente en Catalunya. Eso sí, esta empresa será dirigida por el exdirector de Rodalies recientemente cesado por su pésima gestión de la crisis, pero que forma parte del círculo de amistad del presidente de Renfe, y ya sabemos que a los amigos hay que ayudarlos.

Existe una enorme opacidad con el trabajo que se está haciendo. Desconocemos el detalle del destino de los cacareados 100 millones de inversión para arreglar los puntos negros de la red ferroviaria. Algunos expertos empiezan a recelar de esta inversión porque consideran que es inferior y no se quiere admitir. Este recelo no se puede contrastar porque los contratos se han realizado por la vía de urgencia y no hay manera de comprobarlos.

Es lo que pasa cuando te escondes y ocultas la verdad. Es una vergüenza. Los ciudadanos no merecemos esto. El gobierno central y de la Generalitat no quieren explicar qué han arreglado ni qué se ha estropeado en estas ocho semanas. No solo no se dignan a informar sino que se ha amenazado con querellas a la plataforma de usuarios por crear un mapa virtual donde se indica a los viajeros del lugar de las incidencias. Es impresentable. Esta información es pública en otros países, pero en este asunto España “is different”. También desconocemos si hay un plan a medio y largo plazo más allá del trabajo actual de tapar agujeros al casco de un barco que se hunde irremediablemente mientras el capitán no da explicaciones.

Uno de los últimos episodios de la desinformación sucedió la semana pasada. Se quemaron unos cables que inutilizó la circulación por los túneles ferroviarios que pasan por Barcelona. Los usuarios miraban los paneles informativos que anunciaban normalidad en el paso de los trenes mientras oían por megafonía que el servicio quedaba interrumpido. Otros informadores aconsejaban a los pasajeros que se dirigieran a la estación de Passeig de Gràcia pero no sabían responder si allí pasarían los trenes. El colmo llegó con la conexión de un reportero de TV3 en directo para el Telenotícies. Centenares de miles de espectadores vimos la mano de un empleado de seguridad de Adif tapando el objetivo de la cámara de televisión para impedir que se vieran las imágenes. Una muestra más del intento de esconder su superlativa incompetencia.

Mientras tanto, se constata una vez más que la Generalitat, titular del servicio de Rodalies, no manda nada. Está desaparecida y es cómplice del desastre. Se está vulnerando el derecho a la movilidad y, descaradamente, también el de la información. Es curioso que los gobiernos central y catalán son los que más se quejan de la desinformación y sean ellos los que la practiquen. El desprecio al ciudadano es absoluto y esto no depende de si hay presupuestos de la Generalitat o no. Esto depende de tener vergüenza política.

Si los mandos de Adif y Renfe siguen actuando a sus anchas, hay que señalar a sus jefes políticos: el ministro Óscar Puente y la consellera Sílvia Paneque. Y si finalmente ambos continuan en Babia, la responsabilidad asciende a sus respectivos presidentes de gobierno por mantenerlos en el cargo.

Más de 400.000 usuarios de Rodalies sufren esta incompetencia y otros muchos más ciudadanos de forma indirecta. Si esto fuera Estados Unidos, la lluvia de demandas judiciales por vulneración de derechos fundamentales y por la afectación a la salud mental sería considerable. Aquí, no pasa nada. Se aprovechan de que la gente es buena. ¿Hasta cuándo?