el sistema electoral de la Transacció, injust i deshonest (i a Galícia, pitjor)
El bloque conservador y el bloque progresista están casi empatados en voto popular. Partido Popular, Vox y Democracia Ourensana, que así se llama la plataforma inventada por el alcalde Gonzalo Pérez-Jácome, suman 748.296 votos, el 50,5%. El bloque progresista (BNG, PSOE, Sumar y Podemos) suma 706.790 votos, el 47,7%. Entre ambos bloques hay una diferencia de 41.506 votos. Si consideramos las líneas de fondo de la política, Galicia es una sociedad casi empatada entre derecha e izquierda, con una cierta mayoría conservadora. Si la circunscripción electoral fuese Galicia como distrito único, el sistema proporcional daría una ventaja mucho más corta al Partido Popular en número de escaños. Pero no es así. Con una ventaja de sólo 41.506 votos en el cómputo general, el bloque conservador consigue seis escaños de ventaja sobre el bloque progresista (a razón de siete mil votos por escaño), gracias a una ley electoral que ofrece una mayor representación a las provincias de Lugo y Ourense, y también gracias a la frenética fragmentación del bloque progresista que ha tirado a la papelera los pocos votos obtenidos por Sumar y Podemos, víctimas de una pelea cada vez más triste y patética.
La clave de bóveda: las elecciones en Galicia se rigen por una adaptación regional del régimen electoral vigente desde 1977 en toda España. Un ley electoral que tiene como sesgo principal una corrección conservadora del voto mediante una mayor representación de las antiguas provincias rurales, hoy menos pobladas y más envejecidas.
Veamos algunos datos relevantes. En la ciudad de Vigo, la ciudad más poblada de Galicia (293.600 habitantes) y principal centro económico de la comunidad, el bloque progresista cosechó anteayer el 60% de los votos. En A Coruña, la otra gran ciudad, con 244.800 habitantes, el bloque progresista ganó con el 50,6%. En la capital política de Galicia, Santiago de Compostela, el bloque progresista ganó también con un porcentaje similar, 50,8%. En Lugo capital, el bloque conservador consiguió el 52%. Y en Ourense capital, el bloque conservador alcanzó un contundente 58,4%. Esos datos son significativos, pero no sólo votan las ciudades. En Galicia la batalla se libra sobre todo en los pequeños municipios, por lo tanto hay que acudir al cómputo provincial.
El bloque progresista sólo vence en la provincia de Pontevedra, con el 52%. Los conservadores ganan por muy poco en la provincia de A Coruña (50,3%) y obtienen contundentes victorias en Lugo (55%) y Ourense (60,2%). Puesto que Lugo y Ourense tienen un plus de representación, el voto de ambas provincias es el que inclina definitivamente la balanza. Conseguir un escaño en la provincia de Ourense cuesta unos 10.000 votos, conseguirlo en la provincia de A Coruña ronda los 20.000. Veámoslo con otras cifras: al Partido Popular, especialmente fuerte en Lugo y Ourense, cada escaño le ha costado un promedio de 14.947 votos en toda Galicia. Al Bloque Nacionalista Galego, 16.386 votos de promedio, y al PSOE, 18.125. (Fuente: Jaime Miquel, analista electoral, en Infolibre).
El sistema electoral es la principal muralla defensiva de la derecha en Galicia, pero no simulemos sorpresa porque esa corrección conservadora viene funcionando desde las primeras elecciones democráticas de 1977. Es la ley Suárez. Es la ley ideada en 1976 por Torcuato Fernández Miranda para consolidar la provincia (gobernadores civiles y presidentes de diputación) como válvula de seguridad de la ley de Reforma Política, aprobada en referéndum en noviembre de aquel año. Evidentemente, Manuel Fraga nunca quiso corregir el sesgo rural de las elecciones gallegas e incluso ideó otros mecanismos de protección: el umbral del 5% para obtener representación parlamentaria y la prohibición de que los alcaldes puedan ser candidatos al Parlamento autonómico, como muy bien explicaba Anxo Lugilde hace unos días en La Vanguardia.
Presten atención a este dato. Un alcalde gallego puede ser diputado en el Congreso, en Madrid, pero no en Santiago de Compostela. El alcalde de Ourense, Pérez Jácome, no ha podido presentarse al frente de su plataforma populista y ha tenido que delegar en un lugarteniente. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, el más votado de España, no podría encabezar la lista del PSOE en Pontevedra.
20-2-24, Enric Juliana, lavanguardia