un sistema pro representativitat o pro governamentalitat?

...la implantación de una nueva ley electoral en España, también vía referéndum, con un sistema de escrutinio mayoritario basado en circunscripciones uninominales de 100.000 electores, al estilo británico. Un escaño por colegio y el que queda primero en la mayoría de los colegios gobierna con mayoría absoluta.
Debajo de la lechuga hay tomate. Los politólogos que han aconsejado a la casi desconocida Agrupación Nacional de Agricultores y Ganaderos del Sector Primario quieren un sistema de partidos especialmente financiados por los bancos y las grandes empresas, puesto que es una broma pensar que en la actualidad una organización política puede competir con la única aportación de sus afiliados. El caso Gürtel es bastante ilustrativo al respecto. La reducción de fondos públicos a los partidos se ha llevado a cabo en Italia, gracias a la demagogia del Movimiento 5 Estrellas, y su resultado ha sido un crecimiento exponencial de la dependencia de los partidos de las aportaciones de grandes empresas y corporaciones. Este domingo, el diario La Repubblica informaba que la Lega Nord está recibiendo una lluvia de donaciones de empresas de obras públicas y transportes desde que su líder, Matteo Salvini, dirige el Ministerio de Infraestructuras y Transportes. Este es el modelo que propone la plataforma agraria que perfuma sus reivindicaciones con aromas de ‘radicalidad política’.
La ley electoral que propone el manifiesto agrario es, en sus líneas generales, el modelo que defendía Manuel Fraga Iribarne en el tardofranquismo. Un sistema mayoritario similar al británico, que habría dado la mayoría absoluta al conservadurismo postfranquista, garantizando una transición lenta y muy controlada desde arriba.
En las actuales circunstancias políticas, la división del país en circunscripciones uninominales de 100.000 electores provocaría un fenomenal ejercicio de gerrymandering, una auténtica batalla campal para definir los límites de los nuevos distritos electorales en beneficio de una u otra formación política. [Gerrymandering es un término coloquial de la ciencia política que se refiere a la modificación de las circunscripciones en beneficio de un partido. La palabra tiene su origen en las habilidades del político estadounidense Elbridge Gerry, gobernador de Massachussets, para modificar un distrito electoral clave para su reelección en 1812. Los periódicos se percataron que el nuevo distrito tomaba forma de salamandra (salamander) y de ahí surgió la palabra gerrymander].
Una ley electoral de tales características provocaría probablemente la formación de grandes coaliciones para disputarse los colegios con un solo diputado, con clara ventaja para la derecha. La España interior se convertiría en el baluarte inexpugnable de la derecha frente a una España litoral con mayor pluralidad. La España litoral o periférica condiciona hoy la formación de mayorías. Con el nuevo modelo, la España interior sería garante de una fuerte hegemonía conservadora. Parece que hay fuerzas agrarias que sueñan con poder dominar España. En la vecina Italia, la asociación de agricultores Coldiretti, de origen democristiano, se ha convertido con el paso del tiempo en uno de los principales lobbys del país. La Coldiretti ha vetado la implantación del salario mínimo y en estos momentos está obteniendo significativas concesiones del Gobierno de Giorgia Meloni después de haber sacado los tractores a la carretera.
La implantación de ese modelo electoral en España sería inconstitucional. El artículo 68 de la Constitución dice lo siguiente: “El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley. La circunscripción electoral es la provincia”. España es uno de los pocos países europeos cuya Constitución protege la continuidad del sistema electoral. Fue una iniciativa de Adolfo Suárez en la transición, que consideraba fundamental mantener la provincia como base del sistema político. La ley electoral estrenada en las primeras elecciones del 1977 era claramente favorable a UCD, gracias a la prima de escaños en las provincias menos pobladas, pero no ahogaba a la oposición. Era más permeable y proporcional que el sistema mayoritario defendido por Manuel Fraga.

Esa ley, que se ha mantenido inmutable desde 1977, benefició claramente al Partido Popular en las últimas elecciones generales. Veámoslo. Con sólo 339.000 votos más que el segundo partido más votado, el Partido Popular sacó 16 diputados de ventaja sobre el PSOE el pasado 23 de julio, a razón de unos 21.200 votos por diputado. Con la vigente ley, la obtención de un diputado por las provincias de Madrid o Barcelona, las más pobladas de España, cuesta un mínimo de 90.000 votos. La conclusión es clara: el PP logró ampliar su ventaja gracias a las provincias menos pobladas, concentradas en la España interior, en las cuales la obtención de un diputado cuesta muchos menos sufragios.

La ley Suárez beneficia a la derecha, siempre y cuando no acuda muy fragmentada a las elecciones. Esto es lo que pasó en las dos convocatorias del 2019 (abril y noviembre) en las que ese espacio político se lo disputaban el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. La triple competición de las derechas facilitó que el PSOE fuese el partido más en votado en muchas provincias y que Unidas Podemos se asegurase la tercera posición en bastantes de ellas, superando los 35 escaños. En las elecciones de julio del 2023, la competición en la derecha ya se había simplificado con la práctica desaparición de Ciudadanos. El dueto PP-Vox aspiró a la mayoría absoluta, sin conseguirlo. En estos momentos, el PP está radicalizando su discurso para reducir a mínimos el espacio de Vox en las elecciones en Galicia y en todos los comicios que vengan después. El PP quiere volver a ser la fuerza que concentra todo el voto de la derecha y de un centro claramente menguante. Y Vox quiere volver a tomar oxígeno con la protesta agraria.

Alguien sueña en estos momentos con un 15-M agrario que ponga en cuestión el sistema político en España. Ahora que lo recuerdo de la acampada del movimiento 15-M en la Puerta del Sol también salió la propuesta de una nueva ley electoral. Los ‘indignados’ planteaban en 2011 una España con circunscripción única para reforzar la elección proporcional de los diputados.
Las provincias de Torcuato Fernández Miranda

“El Gobierno regulará las primeras elecciones a Cortes para constituir un Congreso de 350 diputados y elegir 207 senadores a razón de cuatro por provincia y uno más por cada provincia insular, dos por Ceuta y dos por Melilla. Los Senadores serán elegidos por sufragio universal, directo y secreto, de los españoles mayores de edad que residan en el respectivo territorio.

Las elecciones al Congreso se inspirarán en criterios de representación proporcional, conforme a las siguientes bases:

    Primera. Se aplicarán dispositivos correctores para evitar fragmentaciones inconvenientes de la Cámara, a cuyo efecto se fijarán porcentajes mínimos de sufragios para acceder al Congreso.
    Segunda. La circunscripción electoral será la provincia, fijándose un número mínimo inicial de Diputados para cada una de ellas.
    Las elecciones al Senado se inspirarán en criterios de escrutinio mayoritario”.

Este es el texto de la disposición transitoria primera de la ley de Reforma Política aprobada en referéndum el 9 de noviembre de 1976. En ese texto aparece el mecanismo básico para la transición de España de una dictadura a una democracia parlamentaria. Toda persona que quiera entender la evolución de la política española en los últimos 48 años debiera memorizar ese texto. La provincia y la proporcionalidad de la ley electoral (proporcionalidad corregida por la asignación de escaños a las provincias) son las claves de la transición ideada por el jurista Torcuato Fernández Miranda, antiguo secretario general del Movimiento y último presidente de las Cortes franquistas. El asturiano Fernández Miranda escribió el guión y el abulense Adolfo Suárez, antiguo secretario general del Movimiento y ex director general de Televisión y Radiodifusión, lo ejecutó con mucho garbo, determinación y sonrisa telegénica.

¿Por qué esa obsesión con la provincia? La provincia era la base del poder político durante la dictadura. Los gobernadores civiles, a su vez jefes provinciales del Movimiento, dirigían a las fuerzas de orden público y tenían bajo su control a los alcaldes. Los presidentes de las diputaciones provinciales controlaban el grifo del dinero. Un proceso de transición basado en la construcción de una plataforma electoral reformista desde el interior del régimen, reclutando y jerarquizando al personal más aperturista, sólo podía hacerse desde los gobiernos civiles y las diputaciones provinciales. La provincia era imprescindible para llevar a cabo una transición controlada y relativamente rápida.

UCD ganó las primeras elecciones generales con 165 escaños. Le faltaron once diputados para asegurase el pleno control del nuevo Congreso. No obtuvo la mayoría absoluta porque le fallaron las provincias de Barcelona, Vizcaya y Guipúzcoa. En Barcelona, el partido de Suárez sólo sacó 5 de los 33 diputados en liza. En Vizcaya, dos sobre diez, y en Guipúzcoa, ninguno de los siete que debían elegirse. En el momento de redactarse la Constitución, Suárez quiso que la ley electoral de base provincial quedase protegida por la Carta Magna.
Casi medio siglo después, el 23 de julio del 2023, el PP sólo obtuvo en la provincia de Barcelona 5 de los 32 diputados en liza. Quizá por ello, un ignoto batallón agrario sueña ahora con una ley electoral mayoritaria que no encaja con la Constitución.

Enric Juliana, lavanguardia, 6-2-24