"España, a diferencia de Alemania, no se desnazificó", Jordi Galves
España, a diferencia de Alemania, no se desnazificó. Por no tener no tenemos ni una palabra que signifique lo mismo, desinfectarnos del franquismo, de Falange, del nacionalcatolicismo y, en cambio, lo que sí que hemos tenido son propuestas para desinfectarnos del independentismo catalán, como pedía Josep Borrell, ese gran amigo de los indios americanos. Si España hubiera abordado honradamente una desnazificación habría acabado enfrentándose a la cuestión que plantea la famosa película Judgment at Nuremberg (Los juicios de Nuremberg), dirigida por Stanley Kramer en 1961. Es una cuestión importante. Que no se puede vivir en una democracia mientras no se pode des de la raíz el poder judicial, mientras no eliminemos de nuestra sociedad la arbitrariedad de un poder absoluto que vive en la cruel fantasía de que no necesita justificarse. Que se dedica, sin contrapeso y sin control, a la persecución política, ayer contra el president Torra y hoy contra el flamante, temible, candidato independentista Joan Canadell. Que quiere volver a juzgar a Arnaldo Otegi, para intensificar la injusticia contra un dirigente político vasco partidario del final del terrorismo armado. Que hoy sigue persiguiendo a más de tres mil personas independentistas por los hechos del Primero de Octubre de 2017. Que ahora quiere volver a juzgar al rapero Valtònyc, por un imaginario delito de odio contra la Guardia Civil. Que ha condenado a Dani Gallardo a cuatro años y medio de prisión por la protesta contra la sentencia del Primero de Octubre en Madrid por unas supuestas lesiones leves, siguiendo el descomunal criterio del caso Alsasua, digno de un juicio de guerra. Un poder judicial que se niega a investigar la participación de los servicios secretos españoles en los atentados islamistas de Barcelona y Cambrils. Y que, cuando el Consejo General de la Abogacía plantea a la Audiencia Nacional la indefensión de sus clientes al negarse a abordar la cuestión de fondo, se crea una cortina de humo y se reduce el conflicto a abordar el exceso verbal del juez Guevara, siempre tan temperamental. El presidente de la Audiencia Nacional ha dictaminado que “en el ánimo de Guevara no estaba de manera consciente y voluntaria faltar al respeto y consideración debida a los letrados”. ¿Y eso cómo lo puede saber el señor juez? ¿En nombre de qué justicia se hacen juicios de intenciones desde la arbitrariedad de un poder que se exhibe como absoluto, imprevisible y desprovisto de cualquier respeto por los administrados? ¿Qué partido político que no sea independentista ha planteado acabar de una vez por todas con esta impunidad judicial, digna de la dictadura? De la de Franco.
17-XII-20, Jordi Galves, elnacional.cat