Espanya cañí 315: els Borbons, a per al Quart? (exili)

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Josep Pla cuenta en El advenimiento de la República que en una de las mejores casas del País Vasco se encontraron Alfonso XIII y el filósofo José Ortega y Gasset. Una vez presentados, el monarca le preguntó de qué disciplina daba clases en la universidad, a lo que el autor de la España invertebrada respondió que de metafísica. “Eso debe ser muy complicado”, replicó con una sonrisa y una nonchalance francesa, borbónica y madrileña. El filósofo encontró la respuesta intolerable y desde aquel día se convirtió en un republicano convencido.

Un siglo después, España tiene su primer rey con título universitario, y que, me consta, ha leído a Aristóteles, así que por ello no convertiría a un filósofo en republicano. Felipe de Borbón es un hombre preparado, que le ha tocado acceder al trono en uno de los momentos más complicados de la historia. Paul Preston escribe en Un pueblo traicionado: “El consiguiente deterioro de la imagen de la monarquía no fue el único problema que Juan Carlos legó a su hijo. Si en 2014 aún no era evidente, en 2018 se vio con claridad meridiana que Felipe VI había heredado el trono de un país encarnizadamente dividido, con un sistema político averiado, fruto de la corrupción y la incompetencia política. Incluso antes del desgaste final de la posición de su padre, la indignación por la corrupción generalizada de la clase política había empezado a pesar en la opinión pú-
blica.”

El nuevo rey quiso desde que subió al poder incrementar la transparencia de la institución. E intentó blindarse ante cualquier sorpresa atribuible al pasado de la Corona. Pero el diario The Sunday Telegraph publicó ayer que el Monarca era el segundo beneficiario de un fondo offshore de 65 millones del rey emérito. Llovía sobre mojado, porque la Fiscalía de Suiza investiga un presunto regalo millonario de Juan Carlos de Borbón a Corinna Larsen, con la que había mantenido una relación en un pasado reciente. Sin embargo, el hecho de que el periódico británico se refiriera a Felipe IV hizo reaccionar al Rey y en su comunicado emitido anoche deja claro que, cuando hace un año tuvo conocimiento de la existencia de una fundación en la que aparecía como beneficiario, manifestó que se había hecho sin su consentimiento y renunció notarialmente entonces a cualquier derecho que pudiera corresponderle.

El Rey ha dejado sin la asignación fijada en los presupuestos de la Casa a su padre y le ha hecho reconocer que las dos fundaciones las puso en marcha sin su autorización ni conocimiento. El Monarca gastó su último cortafuegos para poner a salvo la institución.

Todo en un ambiente propio de una tragedia de Shakespeare. Como cuando el autor de El rey Lear escribió: “Malgasté mi tiempo y ahora el tiempo me malgasta a mí”.

El nombre de Juan Carlos I, rey emérito de España, sobrevuela en dos investigaciones, una suiza y otra española, al aparecer su nombre vinculado por lo menos a una fundación que habría recibido una donación de 65 millones de euros realizada por el rey de Arabia Saudí, Abdullah bin Adbul Aziz Al Saud.

El fiscal suizo Yves Bertossa investiga esa transferencia a la Fundación Lucum, por la posible existencia de un delito de blanqueo de capitales. Esas mismas sospechas existen en la Fiscalía Anticorrupción española, que investiga presuntas comisiones ilegales en la concesión del AVE a La Meca.

Según ha publicado el diario The Telegraph , el rey emérito sería el beneficiario de la fundación y como segundo beneficiario, en caso de fallecimiento, su hijo, el actual rey de España, Felipe VI. No obstante, fuentes de la investigación rechazan categóricamente que el actual monarca esté salpicado ni involucrado en ninguna actuación irregular. Además, el diario El País sostiene que en otra fundación, Zagatka, el rey emérito aparece como tercer beneficiario.

El propietario de la fundación es Álvaro de Orleans-Borbón y desde ella se pagaron aviones privados a Juan Carlos I. Según este diario, en las escrituras de la fundación consta que el primer beneficiario de la misma es Álvaro de Orleans-Borbón “irrevocablemente designado”. Uno de sus cuatro hijos figura en calidad de segundo beneficiario “con efectos después de la muerte del primer beneficiario”.

Y en tercer lugar, se designa a Juan Carlos I. Esto significa que es Orleans quien tiene la capacidad para gestionar los fondos y no será hasta su fallecimiento que tenga el control de los fondos el siguiente beneficiario, y así sucesivamente.

El nombre de estas fundaciones aparece en la investigación abierta en Suiza a raíz de unas informaciones publicadas en medios españoles y en las que se hacía referencia a una conversación entre la empresaria alemana Corinna Larsen y el excomisario de Policía, ahora encarcelado, José Manuel Villarejo, en la que la primera aseguraría que Juan Carlos I habría recibido comisiones por intermediación en las adjudicaciones del AVE a La Meca. A raiz de esa información, Suiza inició una investigación para detectar el movimiento de dinero en distintas cuentas de entidades de su país, con objeto de averiguar la posible existencia de un delito de blanqueo de capitales. Paralelamente, la Fiscalía Anticorrupción inició su propia investigación una vez que el juez archivó la causa. Ahora, para reactivar judicialmente el asunto es necesario que la Fiscalía interponga una querella. Los delitos que se investigan son los de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de capitales. Las autoridades suizas están pendientes de enviar toda la documentación de las fundaciones y cuentas sobre este asunto. Una vez llegue y sea analizada, el ministerio público estará en disposición de decidir si presenta una querella o da carpetazo.

16/03/2020 - lavanguardia

·“El Rey renuncia a la herencia de don Juan Carlos así como a cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen pueda no estar en consonancia con la legalidad o los criterios de integridad que rigen su actividad”.

·“Don Juan Carlos deja de percibir la asignación que tiene fijada en los Presupuestos de la Casa de S.M. el Rey”.

· “El Rey desconoce por completo totalmente y a día de hoy su supuesta designación como beneficiario de la Fundación Zagatka y la Fundación Lucum”.

Juan Carlos I fue inviolable durante sus casi cuarenta años de reinado, es decir, estaba exento de rendir cuentas a la justicia. En el 2014, tras su abdicación a favor de su hijo Felipe, perdió tal condición y pasó a ser aforado ante el Tribunal Supremo, lo que significa que sólo podría ser juzgado por el máximo órgano judicial español. Además, no se le podría acusar de nada que hubiese hecho durante su reinado.

Cuando saltaron a la luz las dudas sobre su patrimonio en el extranjero, algunos sectores defendieron que su inviolabilidad debía prevalecer, en especial si se trataba de dinero obtenido durante su etapa como monarca. Sin embargo, la investigación no se ha frenado.

La Fiscalía Anticorrupción considera que si puede obtener indicios suficientes de que Juan Carlos I obtuvo algún tipo de comisión irregular por intermediar en la adjudicación del AVE a La Meca, sí se le podría perseguir.

La clave radica en el delito de blanqueo de capitales. Del delito precedente, es decir, el origen delictivo del dinero presuntamente blanqueado, podría estar exonerado. Sin embargo, los investigadores consideran que sí deberá hacer frente a una causa penal si se consigue acreditar que el dinero obtenido de la corrupción empresarial ha seguido siendo utilizado a lo largo de los años y una vez finalizado su reinado, es decir, cuando ya no contaba con estatuto de inviolable.

La jurisprudencia sobre el delito de blanqueo establece que este se ejecuta en la práctica mediante actos reiterados, de modo que los capitales de procedencia delictiva se incorporan generalmente al mercado lícito de forma discontinua y fraccionada con el fin de no levantar sospechas. “Como sucede en el tráfico de drogas, suele ser bastante habitual que los autores de ambos delitos desarrollen su actividad delictiva mediante una pluralidad de actos a lo largo de un período notable de tiempo”, tal y como explica el fiscal del Tribunal Supremo y exsecretario de Estado de Justicia Manuel Dolz, en un análisis sobre este delito en el diario La Ley .

Fuentes de la investigación reconocen que el asunto se encuentra todavía en una fase muy embrionaria. El ministerio público tiene unas diligencias abiertas desde octubre del 2018 respecto a las comisiones por la adjudi­cación del AVE a La Meca. En ­estos momentos se está intentando cuadrar el circuito del dinero.

Corinna Larsen aseguró en una conversación, grabada y luego intervenida, con el comisario de Policía hoy en prisión José Manuel Villarejo, que el monarca cobró comisiones por intermediar. El fiscal encargado del asunto ha tomado declaración a varios testigos, ente ellos a la propia Larsen, y ninguno ha señalado directamente a Juan Carlos I como receptor de esas comisiones. La Fiscalía suiza ha abierto su propia investigación y ha detectado dos fundaciones en las que el rey emérito podría estar detrás. En una de ellas se habría recibido una donación de 65 millones de euros. Los investigadores parten de la base de que ese dinero podría tener una procedencia irregular. Y en caso de tener pruebas para ello, el siguiente paso sería demostrar que ese dinero se ha movido, se ha utilizado o se ha transferido a lo largo de estos años. De lograrse esos datos, sería entonces cuando la Fiscalía Anticorrupción podría presentar las pruebas a la Fiscalía del Tribunal Supremo para que procediera a presentar una querella por un delito de blanqueo de capitales.

Por esta misma mecánica, Eduardo Zaplana acabó en prisión, por el blanqueo de las presuntas comisiones recibidas durante su época como presidente de la Comunidad Valenciana y que todavía seguía moviendo más de una década después, o la familia Pujol está siendo investigada por el dinero obtenido presuntamente por la corrupción política desde los ochenta, cuando Jordi Pujol ejercía como presidente de la Generalitat.